La soja como negocio
La sartén por el mango

A caballo de la reprimarización de la economía uruguaya, y mucho más allá de los discutidos impactos ambientales, los cultivos de soja están recreando relaciones de carácter colonial en las que unos pocos ganan mucho y el país queda mirando la prosperidad ajena.

Por Raúl Zibechi

El sábado 20, en una reunión con productores lecheros de Florida, José Mujica se mostró partidario de imponer impuestos a la soja, ya que cree necesario que el cultivo que goza de elevados precios internacionales realice algún aporte para financiar políticas de apoyo a otros sectores del agro.

El día anterior El Observador recogía opiniones del ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, en el sentido de promover el buen uso del suelo. Se trata, dijo, de prohibir "las malas prácticas agrícolas" que deterioran suelos por el método de la siembra continua. Para impedir esa mala praxis, el ministro echará mano de la ley 15.239 de "Uso y conservación de los suelos y aguas", de 1981. Esa ley faculta al Estado a "prevenir y controlar la erosión y degradación de los suelos", lo que se conseguirá modificando el decreto que la reglamentó, porque en 27 años nunca se aplicaron sanciones.

"Por dejar hacer tenemos el mapa del país con un tercio de la superficie erosionada", dijo el ministro. La nueva normativa que viene siendo consensuada con las gremiales del sector, sería aprobada a fin de mes y serán los funcionarios del cuerpo de inspección del mgap los encargados de controlar la aplicación de sistemas de "producción responsable".

Pero el camino adoptado puede estar erizado de obstáculos. El ingeniero agrónomo y doctor en sociología Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, dijo a Brecha que "no es la primera vez que el Estado adopta medidas". Para los créditos agropecuarios el BROU aplica una cláusula mediante la cual "el productor debe certificar buenas prácticas agrícolas, cuidar el suelo". En su opinión, el punto neurálgico es "cómo hacer efectiva la regulación, porque la inspección de los predios tiene un costo muy alto y es de dudoso resultado".
El problema que afrontan las autoridades tiene dos variables estrechamente vinculadas. La primera es la agricultura continua, una práctica que permite conseguir dos cosechas anuales (una de soja y otra de trigo, por ejemplo), mientras la agricultura "tradicional" combina los cultivos con las praderas, en un sistema de rotación que al introducir ganado no sólo "descansa" la tierra sino le aporta materia orgánica. "Con el sistema de agricultura continua el suelo pierde su capacidad de retener minerales y agua", señala Piñeiro.

El segundo problema consiste en que "se está plantando soja en zonas frágiles como Tacuarembó, Cerro Largo, Rocha, porque el cultivo avanza sobre el centro y el noreste en suelos de mayor fragilidad donde la agricultura continua causa más perjuicios".

Consultado sobre los caminos a tomar, Piñeiro no se muestra partidario de las retenciones pero sí de aplicar impuestos a las cadenas agroindustriales, "que son las grandes beneficiarias;; según los productores, las multinacionales son las que se llevan la parte del león". Su lógica es tan sencilla como aplastante: si durante las crisis de 1982 y 2002 la sociedad auxilió a los productores rurales de diversas formas, "si repartimos entre todos en la mala, parece lógico que hagamos lo mismo en la buena". Propone que se vuelva a modificar el irae, que se redujo del 30 al 25 por ciento, para volver a la situación anterior, con tasas diferenciales para las agroindustrias. Pero se muestra partidario de que esos fondos permanezcan en el campo y se inviertan en obras públicas, en caminería, electrificación. "Soy consciente de que no es el mejor momento ni para decirlo ni para hacerlo", concluye, en alusión a la dificultad para tomar medidas de este tipo en plena precampaña electoral.

EXPORTAR SIN INDUSTRIALIZAR. La expansión geométrica de la soja está poniendo al descubierto algunas características del negocio que no le hacen bien al país, o por lo menos a la mayor parte de su población. Y, de paso, ahondan las dudas y temores sobre la viabilidad, en el largo plazo, de la supervivencia de una república independiente en la margen oriental del "río de los pájaros".

Desde el momento que el Mercosur ha desplazado a Estados Unidos como principal productor de soja, es razonable pensar que las grandes empresas que operan en el negocio agropecuario hayan puesto su mirada en la región. En efecto, con 105 millones de toneladas de soja en la última zafra frente a las 87 del gigante del Norte, cuya producción sojera está en declive frente al mejor negocio que representa ahora el maíz, los ojos de las multinacionales están posados en el Cono Sur. Una investigación publicada por rapal-Uruguay da cuenta de los cambios económicos, sociales y ambientales que está provocando este cultivo.*

Con la soja se modificó la organización de la cadena empresarial y los modos de operar, ya que el eje se trasladó del cultivador al comprador de granos, que se convirtió en la fuente de financiación principal. Esto explica, en gran medida, el papel de las grandes empresas multinacionales y la concentración de la producción, y que la agricultura haya pasado a ser un negocio especulativo.

Un problema adicional para Uruguay es el escaso grado de industrialización de la soja, muy por debajo del promedio regional. En la zafra 2007, en Brasil se industrializó el 52 por ciento de la soja cosechada. Argentina, que tiene mayor capacidad de molienda, procesó el 71 por ciento de su producción, por encima incluso de Estados Unidos, que en la zafra 2006 procesó el 56,7 por ciento de su soja.

Uruguay es el caso opuesto: sólo industrializa el 5 por ciento de la producción. Estas cifras contrastan con lo que hacen los grandes importadores, como China y la Unión Europea, que industrializan mucha más soja que la que cosechan, con índices de 220 y 1.218 por ciento respectivamente. Incluso Paraguay produce diez veces más aceite de soja que Uruguay.

Lo que se discute es la actitud que debe mantener el Estado hacia la producción agrícola y ante cultivos tan rentables como la soja. De alguna manera, este debate atraviesa la región;; de modo estridente en Argentina, con serenidad y cautela en Uruguay. Presenta dos vertientes: si deben introducirse formas de redistribución de la riqueza, ante los enormes excedentes del sector, y cómo abordar el grave problema del deterioro de suelo.

LOS CONTROLADORES. En el escenario regional, resulta interesante constatar que, aunque practican políticas distintas, los resultados favorecen a los mismos actores económicos. El 50 por ciento del procesamiento de grano en Brasil corresponde a cuatro empresas, siendo las tres primeras estadounidenses: Bunge, adm y Cargill. En Argentina, sólo tres empresas controlan el 50 por ciento, siendo dos de ellas Bunge y Cargill, y la tercera la argentina Vicentín. La fase industrial está en las mismas manos, y tan concentradas, que la fase comercial.
Uruguay no sólo no escapa a la regla sino que el grado de concentración es más alto. Las cinco mayores empresas exportadoras controlan el 77 por ciento de la soja que sale del país. La primera es Barraca Erro, que tiene una alianza estratégica con la estadounidense Archer Daniels Midland (ADM), con el 21,5 por ciento de las exportaciones. En 1996, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le puso la mayor multa criminal antimonopólica en la historia del país, de 100 millones de dólares, por su papel en el cártel de lisina y ácido cítrico.

La segunda es la estadounidense Cargill, que opera bajo el nombre Crop Uruguay, con el 18,6 por ciento. Luego vienen tres grupos con base en Argentina: Agronegocios del Plata, del grupo Los Grobo en alianza con el ingeniero agrónomo Marcos Guigou, que controla el 15 por ciento;; seguido de Pérez Companc (Garmet sa), con el 11 por ciento;; y en quinto lugar una subsidiaria de la multinacional Dreyfus, Uruagri, con el 10,6 por ciento. En suma: dos multinacionales estadounidenses controlan el 40 por ciento de las exportaciones de soja, en tanto tres "argentinas" controlan otro 37 por ciento. Las comillas obedecen a que Bunge controla el 60 por ciento de la empresa de Pérez Companc, Molinos del Río de la Plata, realidad que puede trasladarse a cualquier operador del ramo alimentario en la región.

Para completar el panorama, debe decirse que Uruguay es un importador de harinas, aceites y derivados industriales de la soja, y de todos los insumos que necesita el cultivo, desde semillas hasta agroquímicos y fertilizantes. Se están importando alrededor de 10 millones de dólares anuales de aceite de soja, pero los subproductos del grano superan los 20 millones en importaciones si se incluyen harinas y semillas. Exportamos granos en bruto y los importamos industrializados. A diferencia de lo que sucede con la carne o los lácteos, la soja no está generando cadena agroindustrial.

CUESTIÓN DE PROPIEDAD

La expansión de la soja va de la mano de la creciente extranjerización de la tierra. Los datos, por cierto, nunca fueron precisos. Sin embargo se estima que en el año 2000, el 10 por ciento de la tierra estaba en manos de extranjeros. En los últimos seis años, cuatro millones de hectáreas, un 25 por de la superficie cultivable, pasaron a manos de extranjeros según el suplemento Qué Pasa del diario El País, del 31 de mayo. Un dato alucinante, ya que en Brasil el gobierno de Lula se muestra preocupado porque hay cinco millones de hectáreas en manos de extranjeros, pese a que tiene una superficie 50 veces mayor, según informa Folha de São Paulo.

Atraídos por el bajo precio de la tierra, más o menos la mitad que las buenas tierras de la Pampa, unas 200 mil hectáreas de soja están siendo sembradas por productores argentinos, que "producen entre el 20 y el 25 por ciento del total de la agricultura nacional", según El País. El citado informe asegura que el ciclo de extranjerización de la tierra está lejos de haber llegado a su fin, ya que "el proceso de venta de tierra se está acelerando" con las dificultades que los productores argentinos tienen con el gobierno de Cristina Fernández.

Más que de productores individuales, se trata del aterrizaje de grandes grupos como El Tejar, "el grupo extranjero con más extensión de tierras dedicadas a la soja, trigo, cebada, maíz y girasol, con casi 50 mil hectáreas entre propias y arrendadas". Los Grobo con 40 mil, Manuel Santos Uribelarrea (msu) con 16 mil hectáreas, el grupo Ceres Tolvas con unas 6 mil y Calyx Agro, vinculada a la multinacional Dreyfus, son algunas de las empresas argentinas que en opinión de El País "sacudieron el mercado".

Todos ellos establecieron alianzas con empresas y grupos locales. Ramón Erro, el principal exportador de granos, titular de Barraca Erro, fue entrevistado por Clarín el 9 de octubre de 2004, cuando recién despegaba la soja en el país. "Somos exportadores, pero de a poco fuimos integrando todos los eslabones", dijo. La empresa, fundada hace 60 años, está ahora presente en cada etapa de la producción a la exportación. "Participa de Terminales Graneleras del Uruguay, que tiene silos en los puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos, sobre el río Uruguay. Y es el importador y distribuidor de Case y New Holland y de varias marcas argentinas, como Cestari, Maizco y Giorgi. Tiene el 42 por ciento del mercado de cosechadoras y el 35 por ciento del de tractores. Erro está vinculado a unas 80 mil hectáreas agrícolas, entre las que financia y comercializa", y "tiene una alianza estratégica con el gigante internacional adm", comenta Clarín.

"El dueño de la pelota", como lo denomina el diario porteño, esgrime una visión integral del negocio que le permite afirmar que "la soja está trayendo un cambio de mentalidad importante". El centro neurálgico es la planta de la empresa en Dolores, que puede recibir 12 mil toneladas por día y embarcar 18 mil a sólo 45 quilómetros del puerto de Nueva Palmira. Todo el negocio del prototipo del empresario agropecuario actual, está destinado, según Erro, a "apuntalar el crecimiento de nuestro volumen de exportación".

CONCENTRA QUE ALGO QUEDA

Pedro Arbeleche, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, dijo a El País que la llegada de productores sojeros argentinos y la expansión del negocio " están profundizando la concentración de la producción. En la zafra 2007/08 seis empresas "la mayoría extranjeras o relacionadas a capital extranjero" plantan aproximadamente un 25 por ciento del área agrícola? (14 de abril de 2008).

El informe publicado por rapal asegura que la soja ocupa alrededor del 60 por ciento de las tierras dedicadas a la agricultura, pero sigue creciendo todos los años. El girasol, que representaba alrededor del 40 por ciento de la superficie cultivada, se redujo al 8,5 en 2007 y el maíz pasó del 30 a sólo el 11,6 por ciento. La soja genera escasos puestos de trabajo por la abundante utilización de herbicidas y la absoluta mecanización del cultivo. La lechería ocupa unos 22 trabajadores cada mil hectáreas, la agricultura cerealera da empleo a diez, mientras la soja emplea de dos a cinco trabajadores cada mil hectáreas. Sólo la forestación crea menos empleo que la soja.

En 2001, siempre según el mencionado trabajo, las explotaciones de más de mil hectáreas ocupaban el 7 por ciento de la superficie agrícola. Para 2006, ya controlaban el 15 por ciento y producían el 57 por ciento de la soja pese a que representan sólo el 7 por ciento del total de productores. O sea, sólo 54 productores concentran más de la mitad de la producción de soja. Por otro lado, entre 2000 y 2005, el 47 por ciento de los productores agrícolas familiares (con un promedio de 216 hectáreas) abandonaron la agricultura. En el otro extremo, los grandes empresarios agrícola-ganaderos pasaron, en el mismo período, de un promedio de 1.878 a 3.309 hectáreas por productor.**

Los nuevos actores del negocio agropecuario, llamados "gerenciadores agrícolas", manejan el negocio con criterios similares a los de las altas finanzas, "actúan como unidades de gerencia de negocio", compran pocas tierras y arriendan muchas, alquilan la maquinaria, o sea, no están atados al lugar, una característica del capital actual, que le permite zafar sin contratiempos de problemas locales. El ingeniero agrónomo Alfredo Blum lo sintetiza así:"Como estrategias de cobertura de riesgo local realizan siembras en todo el país, con diversificación de cultivos y con diversificación de clientes. Sus coberturas a través de mercados de futuros y opciones, la diversificación de compradores, y la dispersión geográfica tanto local como regional, hacen que el negocio no sea más riesgoso que otras actividades financieras".***

Estos empresarios exitosos en el Uruguay de la globalización son bien diferentes a los viejos productores rurales uruguayos. Hacen, como señala Clarín, que sus empresas ?trabajen en el mismo horario que la Bolsa de Chicago?, donde se negocia el precio de los granos en el mundo, y donde hoy se está formando una burbuja especulativa que sustituye las ganancias que durante casi una década otorgó la hoy pinchada burbuja inmobiliaria.


* Blum A, Narbondo I, Oyantçabal G y Sancho D, Soja transgénica y sus impactos en Uruguay, rapal, Montevideo, marzo de 2008.

** Ídem, págs 43 a 45.

*** Ídem, pág 45.

Tulio Halperin Donghi

El interés común

El más destacado historiador argentino recordó a los lectores del diario conservador La Nación (22 de junio) que fue un gobierno militar, el de Juan Carlos Onganía, y un ministro de Economía ultraliberal, Adalbert Krieger Vasena, quienes por vez primera impusieron retenciones a las exportaciones agropecuarias. La ironía que Tulio Halperin obsequió a los lectores del diario de los Mitre tenía por objeto recordarles que, incluso para los empresarios más conservadores, existía algo superior al interés privado. Es apenas anecdótico que esa defensa del interés común haya sido adoptada por un tándem tan especial como el que formaban Onganía y Krieger. Líneas más, nombres menos, el debate que propone el historiador tiene enorme actualidad en Uruguay.

"Desde antes que la Argentina fuese la Argentina", señala Halperin, "ya se había instalado una disputa sobre si los productores rurales era una "clase ociosa" que se beneficiaba de rentas de monopolio, como los caracterizaba buena parte de la sociedad, o si debían ser juzgados con base en la "imagen heroica" de únicos productores de la riqueza nacional, como ellos pretendían. En el fondo, ya latía el debate en torno "a la distribución dentro de la sociedad argentina del excedente producido por las exportaciones agropecuarias".

Fue la crisis de 1929 la que forzó al Estado a ejercer un arbitraje entre los intereses rurales e industriales. Luego, cada vez que los precios de las exportaciones treparon en el mercado internacional, se dispararon conflictos internos sobre la distribución de la riqueza, como sucedió a mediados de la década de 1960. "Eso hizo posible que en 1967, siendo presidente el general Onganía y ministro de Economía el doctor Krieger Vasena, se introdujera por primera vez el régimen de retenciones que está en el origen del actual conflicto, en ese caso para financiar un ambicioso plan de obras públicas destinado a revitalizar otros sectores de la economía".

En los años siguientes la pampa húmeda sufrió profundas transformaciones que incluyeron la expansión de la agricultura en tierras antes ganaderas y la mecanización que despobló las áreas rurales, "despojando a sus conflictos internos de la gravitación que habían tenido en el pasado". Ya durante la crisis de 2001 los centros urbanos menores de la pampa húmeda vivían un clima de "normalidad, prosperidad y tranquilidad que hacía difícil creer que formaban parte del mismo país", asegura Halperin. El gran error del gobierno de Cristina Fernández, concluye el historiador, fue no percibir que la prosperidad del campo "ha alcanzado a sectores mucho más amplios de la sociedad de la pampa húmeda" de lo que cree el gobierno, que son los que sostuvieron una protesta de más de cien días.