De zafra

Privatización del agua para riego y aprobación de semillas transgénicas en la agenda del gobierno

Las diferencias que hubo en el Poder Ejecutivo comandado por José Mujica, que impidieron reformar la Ley de Riego para habilitar la privatización del agua con fines productivos y aprobar nuevos “eventos” transgénicos, parecen haberse disipado. Tabaré Vázquez les dio luz verde a ambas iniciativas. Con este respaldo expreso y la nueva conformación ministerial, Tabaré Aguerre tendría el campo despejado para avanzar en ambas áreas.

Cuando el 2 de diciembre Vázquez comunicó quiénes integrarían su futuro gabinete, además de todo lo noticioso que la información significaba, permitió intuir algunos cambios de rumbo en torno a determinados temas que durante el gobierno de Mujica, pero no necesariamente por la oposición del ex presidente, estuvieron frenados, o mejor dicho, fue posible dejarlos en suspenso, pese a la presión ejercida desde sectores políticos y empresariales: la aprobación de nuevos eventos transgénicos (semillas de maíz y soja, básicamente) y el envío al Parlamento de una nueva Ley de Riego. De acuerdo con la información obtenida por la diaria, la norma habilitaría la privatización y la comercialización del agua por fuera del aparato estatal, iniciativa que se promueve, entre otras cosas, como la llave para mejorar la productividad del cultivo estrella de la década frenteamplista: la soja transgénica.

Mantener a Aguerre al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a todo su equipo fue la señal más fuerte en este sentido, pero no la única, ni suficiente como para asegurar el éxito. Hay urgencia. El crecimiento económico del país entre la primera presidencia de Vázquez y la segunda se debe en buena medida a la explosión comercial de la soja, que pasó de algunas pocas decenas de miles de hectáreas plantadas en 2005 a más de un millón en la temporada 2013-2014, cifra que se pretende superar en la temporada que está en marcha.

Para solventar parte de los proyectos sociales, las expectativas están atadas a que el boom sojero se potencie. Con la actual normativa, los márgenes son pocos. Desde el sector empresarial se considera y se defiende la tesis de que con nuevas variedades de semillas transgénicas habilitadas y con la oportunidad de poder recurrir a los shocks de riego que necesita la soja -en su etapa intermedia de crecimiento, o ante situaciones de sequía- la productividad del cultivo, ya alta, podría mejorar, y que de mantenerse estables los precios de exportación, el gobierno le podría volver a colocar la cocarda de gran campeona del crecimiento y el desarrollo económico del país.

Nadie niega este dato. Pero muchos sí sus consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. Dejando de lado el cambio productivo que provocó en la agricultura y otros sectores, el hecho de que la soja haya contribuido a hacer desaparecer emprendimientos pequeños y familiares, haya sumergido al negocio de la miel, entre otros, y tenga un impacto ambiental considerable son factores que determinan que no todo el oficialismo mire el cultivo con tanta simpatía; y en muchos casos, con cero.

La designación de Rodolfo Nin Novoa como titular de la cancillería supuso la otra señal fuerte en esta dirección. Todo indica que el ex vicepresidente no opondrá la resistencia que significó Luis Almagro para la aprobación de nuevos elementos transgénicos en el marco del Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio), tarea en la que el canciller del gobierno de Mujica contó con el respaldo técnico sanitario de autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y también del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que junto con los de Industria, Energía y Minería (MIEM), Economía y Finanzas (MEF) y el MGAP conforman ese grupo de trabajo de alto nivel. El Gnbio fue creado por Vázquez mediante decreto en 2008.

Germina

La tensión entre las dos posturas centrales en el Gnbio, aquella que ponía reparos al incremento de eventos transgénicos y la que no, alcanzó su punto máximo entre fines de 2013 y agosto de 2014, cuando finalmente se aceptaron diez de los 11 eventos que estaban en trámite. El único que se rechazó contenía informes negativos en cuanto al impacto en la salud por parte de los técnicos del MSP.

De esos 11 eventos, nueve eran para cultivares, ensayos o producción de semilla. Esto significa que no tenían destino comercial y, por lo tanto, no era necesario que la Comisión de Gestión del Riesgo (CGR) -organismo asesor del gabinete- llevara a cabo análisis y consultas sobre eventuales daños a la salud humana. Por eso, entre los técnicos de la CGR había acuerdo en habilitar nueve semillas modificadas genéticamente, cuyo destino no era el consumo humano ni animal.

A esa decisión se llegó con un malestar planteado por Almagro por la forma de proceder y de dar la discusión en la interna del gabinete acerca del modelo país al que se apuntaba con la apuesta por los organismos genéticamente modificados (OGM). También hubo intentos de rediscutir la orientación por parte del titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que entendía que el avance de las semillas y los cultivos transgénicos imponía, por la vía de los hechos, una redefinición de los enclaves territoriales sin que hubiera evaluación de por medio.

El debate que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) pretendía instalar en el grupo de trabajo interministerial sufrió un primer revés en 2012, cuando el gabinete aprobó determinados eventos sin esperar el pronunciamiento de los funcionarios de cancillería. Como en ese momento se obvió la firma de la cancillería, y al no concretarse una discusión de fondo, Almagro decidió no firmar ningún otro documento de aprobación de eventos.

Junto a las semillas experimentales que esperaban aprobación había otras dos variedades, cuyos fines eran comerciales. Fuentes técnicas que integran la estructura del Gnbio indicaron que esos dos eventos “sí necesitaban informe de evaluación de riesgo de salud, porque van para el consumo humano y/o animal”. Uno era la soja BPS-CV127-9 y el otro, el maíz 89034 x MON 88017. Desde el MSP se recomendó no firmar ninguno de estos dos productos. En el primer caso, porque la cartera no contaba con los técnicos necesarios para realizar las evaluaciones; en el segundo, porque se necesitaba más tiempo, ya que, si bien había un informe, como no era concluyente, se necesitaba mayor grado de certeza.

A finales de 2013, los titulares del MGAP, del MEF y del MIEM firmaron los 11 eventos, mientras que el del MVOTMA sólo suscribió los nueve no comerciales. Los titulares del MRREE y del MSP no estuvieron presentes en esa sesión del gabinete, por lo que se resolvió que se les haría llegar los documentos respectivos. En enero de 2014, los documentos llegaron al MSP para completar el trámite; al menos eso parecía, porque todos los eventos también estaban firmados por la cancillería, lo cual llamó la atención en virtud de la posición que había comunicado Almagro de no firmar nada. Según las fuentes consultadas por la diaria, el funcionario que dio el aval habría sido el vicecanciller Luis Porto, que había tomado posesión del cargo en mayo de 2013, en sustitución de Roberto Conde. Desde el MSP se resolvió reenviar toda la documentación al MRREE luego de firmar sólo para las nueve semillas experimentales.

Todo indica que hubo un ida y vuelta entre las autoridades de la cancillería, ya que los trámites, que parecían haber concluido, en realidad quedaron en suspenso, hasta que en agosto de 2014 el MGAP retomó la iniciativa y comenzó a recabar las firmas nuevamente, dejando sin efecto las actuaciones anteriores. En esta oportunidad, las gestiones de Aguerre derivaron en la habilitación de las nueve variedades para ensayo y producción de semillas, así como también una de las comerciales (la soja BPS CV 127-9), estando aún bajo análisis la de maíz MON 89034XMON88017, ya que nuevos informes del MSP alertan sobre eventuales daños en la salud de las personas y los animales que la consuman.

El subsecretario del MGAP, Enzo Benech, se encargó la mayoría de las veces del lobby político dentro del Frente Amplio (FA) y del gobierno , tarea que Aguerre nunca habría podido culminar con éxito. Lo hizo, por ejemplo, llamando por teléfono a funcionarios de la cancillería, para intentar que Almagro cambiara su actitud y les pusiera su sello a los nuevos eventos. “Nuestra posición era que no queríamos seguir incrementando las semillas con fines comerciales”, resumieron fuentes que trabajaron en la cancillería. Entre los argumentos por la negativa que recibía Benech estaban los riesgos sanitarios, algo que en el MGAP se considera que no existe. “Ellos sostienen que no está demostrado que los OGM hagan daño a la salud”, agregó uno de los ex funcionarios consultados.

En agosto de 2014, “la presión política” terminó consiguiendo su objetivo, y la cancillería firmó los que serían los últimos eventos aprobados del gobierno de Mujica, decisión formalizada en octubre.

Abre el grifo

En enero, durante el lapso en el que Mujica se estaba yendo y Vázquez estaba entrando, se dieron varias señales sobre otro de los temas que marcarán un cambio filosófico entre la segunda y la tercera administración del FA. En este caso se trata del agua y su uso destinado al riego mediante la privatización, un tema al que tanto Mujica como su ministro Aguerre dedicaron muchas ponencias y discursos, aunque sin lograr implementarlo como habrían querido.

“Estudian habilitar a privados la venta de agua para riego”, tituló una nota el diario El País el 28 de enero, que consignaba, entre otras cosas, que la idea del nuevo sistema de riego “la lanzó Aguerre en diciembre de 2013, cuando presentó el proyecto Estrategias Asociativas de Riego. En abril de 2014 el ministro volvió a hablar del tema. Durante el Consejo Agropecuario Nacional, realizado durante la Expoactiva de Soriano, se refirió a los planes para el ‘segundo piso de Uruguay’ para el período 2015/2030”.

En realidad, el proyecto ya había sido escrito durante ese período, pero la oposición ejercida desde el MVOTMA y la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), dependiente de esa cartera, evitaron su envío al Parlamento. Fuentes que integraron esos organismos durante la gestión de Mujica indicaron a la diaria que Beltrame se negó expresamente a poner su firma para darle ingreso. El rechazo a la iniciativa se basó en parte en “cuestiones jurídicas”: se alegó que con esa redacción se estaba modificando el espíritu y la forma del artículo 47 de la Constitución, reformado en 2004 con 64,5% de respaldo ciudadano, que consagra la protección del medio ambiente y en especial del recurso agua.

Incluso Beltrame habría hecho saber que estaba dispuesto a renunciar si la iniciativa era puesta a consideración del Legislativo aun sin su firma. Pero se trataba de una secretaría de Estado que había cambiado su titular en junio de 2012 (Beltrame por Graciela Muslera), y una nueva sustitución traería más problemas políticos que soluciones, si se tiene en cuenta a su vez que ambos jerarcas eran de la fuerza política que Pepe construyó, el Movimiento de Participación Popular. “El proyecto proponía reformas a la ley de riego, pero incursionaba en cuestiones que eran competencia del MVOTMA”, indicaron las fuentes.

Por goteo

Con esta iniciativa, el gobierno de Vázquez intentará terminar lo que Mujica no pudo, tal como lo dio a entender irónicamente Aguerre, cuando el 6 de diciembre -a cuatro días de haber sido confirmada su continuidad en el cargo- dijo, durante el Seminario Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas, en Paysandú, que lo que no había podido hacer “este ministro” lo tendría que culminar “el futuro ministro”. O sea, él. Dijo: “Hemos enviado un proyecto, que está a estudio del MVOTMA que modifica la ley de riego”.

La norma apuesta a la inversión privada para la creación de grandes represas que permitan un mayor suministro de agua que el actual, mediante pequeñas represas. Además de la construcción, los privados estarán habilitados para el almacenamiento y la venta del líquido a terceros. “Falta mucho conocimiento científico para determinar el impacto que puedan tener estas represas. De hecho, hay algunas señales negativas de lo que ha sido el impacto de las represas, embalses y tajamares dependientes en los cauces de los ríos Santa Lucía o Negro”, indicaron las fuentes, para agregar que la puesta en marcha del proyecto podría alterar los cursos y los caudales hídricos.

Entusiasmado por el respaldo de Vázquez, en Paysandú Aguerre se animó a contar en qué ríos está pensando. Según lo consignado por El Telégrafo, el ministro remarcó que la cuenca más agrícola del Uruguay, la del río San Salvador, “se está llenando de pequeñas represitas que se hacen para poner dos o tres pivotes. En realidad, si hacemos tres grandes represas en la naciente del San Salvador, lo que vamos a hacer abriendo la válvula en el verano es cambiar el caudal que naturalmente tiene ese río, de 1.100 o 1.200 litros por segundo, a 12.000 o 15.000 litros por segundo”. Y, como a la pasada, le mojó la oreja a la Dinagua, organismo que esencialmente se encarga del control y la preservación de los caudales: “Tendrá como problema 9.000 litros de agua por segundo más que lo que tiene hoy para otorgar el permiso de toma de un riego que hoy está agotado”.

Benech le confirmó a la diaria que el proyecto “ya está redactado, con algunas modificaciones”, aunque no fue posible precisar cuáles y si éstas recogen parte de las preocupaciones esgrimidas en su momento por el MVOTMA y la Dinagua.


Fuera de ella, nada

Con los cambios introducidos en la reforma de 2004, el artículo 47 de la Constitución declara en el inicio: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. Define también que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso al agua potable y al saneamiento “constituyen derechos humanos fundamentales”.

Luego, en el primero de sus cuatro puntos, establece las bases en las que deberá apoyarse la política nacional de aguas: ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza; la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. En dicha planificación se establecerán las prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Se establece además que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. Y se remarca: “Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto”.

El punto 2 dispone: “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”. El punto 3 asigna a figuras jurídicas estatales la tarea de brindar los servicios de abastecimiento de agua potable para consumo humano de manera exclusiva y directa. Finalmente, habilita a que con los tres quintos de votos de cada cámara legislativa se podrá autorizar por motivos de solidaridad el suministro de agua potable a terceros países.

Las semillas del Pepe

Los nuevos integrantes del Gnbio, que todavía -desde el 1º de marzo- no ha sesionado, tienen sobre la mesa de trabajo cuatro solicitudes de aprobación de semillas transgénicas sin fines comerciales (dos para exportación, una para investigación y otra para cultivares) y ocho con fines comerciales. Esta última cifra representa la mitad de las que Uruguay aprobó con esas características en 19 años. De las 16 habilitadas para consumo humano o animal (soja y maíz), 13 lo fueron durante el gobierno de José Mujica, en cuyo mandato se reaprobaron otras dos, luego de que ingresaran al mercado en 2003 y 2004. La primera semilla transgénica aceptada data de 1996, y fue de soja, variedad que tiene otros cuatro eventos validados, tres en 2012 y uno en 2014, contra 11 de maíz (cinco en 2011, año en que se reaprobaron otros dos, y cuatro en 2012).

Con perspectiva político-partidaria, las semillas transgénicas con permiso para ser comercializadas en Uruguay corresponden a los siguientes períodos de gobierno: una en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, dos en el de Jorge Batlle, y 13 con el Frente Amplio, cantidad que podría incrementarse a 24 al terminar el tercer gobierno consecutivo de esa fuerza política.

Federico Gyurkovits


La Diaria, 20 de marzo de 2015.
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/3/de-zafra/